El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima junto a una comitiva, viajó a Colombia del 6 al 8 de septiembre aceptando una invitación hecha por la empresa IBEASER la cual está señalada de obtener licitaciones irregulares.
Dicho viaje levanta sospechas debido a que el desplazamiento de las autoridades de Centros Penales hacia suramérica fue con gastos pagados por la misma empresa colombiana.
Ante ello, diputados de ARENA, PCN y PDC de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, se mostraron inconformes, ya que podría tratarse de acuerdos previos bajo la mesa, para que la mencionada empresa sea beneficiada mediante la entrega de la licitación.
Lo más grave del caso es que, si IBEASER logra ganar la licitación por los próximos cinco años, significará un costo adicional de $22 millones al Estado salvadoreño, así lo expresaron este martes en conferencia de prensa los legisladores Raúl Beltrán Bonilla del PCN y Jorge Mazariego del PDC.
En términos legales, los legisladores citaron el Código de Ética Gubernamental ya que establece en el artículo 8 que se puede dar una presunción de beneficios indebidos en caso de aceptación de cualquier bien o servicio de valor económico.
En el ámbito penal en artículo 238 del Código indica que ningún funcionario público puede intervenir en cualquier contrato, licitación o subasta, ya que este puede ser sancionado con prisión de 4 a 8 años e inhabilitación del cargo.
