El Ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, afirmó que investigaciones encontraron que 11 informes de administradores del contrato y uno más de la Corte de Cuentas de la República, sugirieron al gobierno anterior, del FMLN, su caducidad por irregularidades en la empresa a cargo de la obra.
Pese a los señalamientos de diferentes sectores, el gobierno anterior no acató las recomendaciones, y decidió otorgar alrededor de $5 millones de dólares a la empresa constructora.
La empresa a cargo era CONCRESCOL-Eben Ezer y la supervisora estuvo a cargo de Roberto Salazar y Asociados, sin embargo, se proyectaba que estaría concluida a finales del 2019, no obstante, cuando la nueva administración asumió, la obra registraba 18% de avance.
