La captura de José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo”, acusado de lavar más de 215 millones de dólares, no debe utilizarse como arma de campaña política para la próxima contienda electoral, sino que la Fiscalía tiene que investigar a fondo a todos los políticos, empresarios y demás personas y sociedades que hayan tenido cualquier nexo con él.
Esas fueron las principales conclusiones a que llegaron los analistas, Kirio Waldo Salgado, Juan José Martel y Paul Steiner en el debate matutino de hoy en Canal 21.
Para Martel, La investigación no debe quedarse a nivel de show mediático, como ha sucedido en algunas investigaciones recientes, tal es el caso del expresidente Funes, sino trascender a todas las artistas políticas, para que no sea usado como arma electorera de acusaciones y contra acusaciones entre los partidos.
“Este caso va a tener aristas políticas, pero no deben usarse como armas de campaña electoral… porque aquí solo se habla del Vicepresidente (de la República). Y ¿por qué? no se habla de los negocios hoteleros que hicieron empresarios muy reconocidos con el señor José Adán Salazar… en ese sentido debemos ver la arista política, pero evitar usarlo en precampaña”, dijo Martel.
Por su parte, Salgado Fue más allá al exigir al fiscal general de la República, Douglas Meléndez, que “llegue hasta las últimas consecuencias, descubriendo toda la trama de empresarios y políticos que han estado involucrados en estas cosas”.
Este es el gran reto de la Fiscalía, porque la estructura creada por José Adán Salazar Umaña, no se creó ayer, sino que viene desde hace muchos años, cuándo los fiscales eran puestos por Asambleas Legislativas que eran controladas por el Poder Ejecutivo, y eso incluye todos los gobiernos de ARENA, razonó.
Según Salgado, la Fiscalía debe también investigar a todas las personas y sociedades creadas o no por “Chepe Diablo”, que directa o indirectamente hayan tenido alguna relación con la estructura dirigida por él, para lavar dinero, comenzando por Agroindustrias Gumarsal, que según tiene entendido opera en toda Centroamérica.
El otro analista, Paúl Steiner, coincidió con Salgado, al señalar que para el cometimiento del delito de lavado de activos es necesario toda una estructura compleja, en la que están involucrados abogados, bancos, sociedades y personas que se encargan, sabiéndolo o no, de mover todo el dinero y que por lo tanto tienen que ser investigados, para llegar al meollo del asunto.
Los tres concluyeron en que se trata de un caso muy complejo y difícil, que tiene en sus manos el fiscal general, cuya investigación puede durar años, por lo que pidieron al Ministerio Público no desmayar y quedarse solo con el show mediático, sino llegar hasta el final, para demostrarle a la población que se está avanzando en el combate de la corrupción.