El Juzgado Tercero de Paz ordenó a Carlos Denis Ramírez Ventura que pagara una fianza de 1 millón de dólares a cambio de recuperar su libertad, cuando inicio el proceso en su contra en el 2018, por evadir más de $21 millones, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Para entonces los jueces congelaron todas sus propiedades: once inmuebles (casas, terrenos) ubicados en Acajutla, San Miguel, Chinameca, Ahuachapán, San Salvador, Chalatenango y La Unión así como cinco vehículos, todo valorado en unos 5 millones de dólares.
Días después defensores del empresario dueño de 17 gasolineras concesionarias de Texaco presentaron un recurso de apelación a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador en la que alegaron que, en la práctica, la millonaria fianza era equivalente a mandar a la cárcel a su cliente por la imposibilidad de pagarla.
La Cámara aceptó que la orden del Juzgado Tercero de Paz “no estaba conforme a derecho” y resolvió disminuir a 50 mil dólares la fianza, cantidad que en comparación con los $21 millones es notablemente mínima.
Después del recorte de la fianza, el acusado pagó 50 mil dólares, aceptó pagar una fianza de 200 mil dólares que se sumaron a 45 mil dólares y recuperó su libertad.
El 17 de julio de este año René Gallardo Rivas, juez Tercero de Instrucción, también aceptó descongelar todos los bienes valorados en cinco millones del imputado. La Fiscalía apeló la resolución pero la Cámara Tercera de lo Penal la rechazó por “extemporánea”.
El 14 de octubre de este año termina la fase de instrucción y deberá programarse audiencia en la que se decidirá si el imputado pasa a la etapa de juicio o acepta pagar los impuestos supuestamente evadidos.
