La agencia Fitch Ratings degradó la calificación crediticia del Banco Agrícola y del Banco Davivienda a ‘BB-’ desde ‘BB’, debido a la situación polarización política elevada que ocasionó que la misma calificadora degradara la clasificación soberana de El Salvador a ‘B’ desde ‘B+’.
Según la escala de Fitch, la calificación BB- es considerada por los inversionistas como «incierta», es de decir que la clasificación BB se otorga a bancos con una moderada posibilidad de obtener apoyos en caso de escenarios desfavorables.
«Las clasificaciones en escala nacional de ambos bancos, así como las relacionadas a sus respectivos holdings en El Salvador (Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. e Inversiones Financieras Davivienda, S.A.) se mantienen en el mismo nivel dado que las clasificaciones nacionales son categorías locales sobre capacidad crediticia relativas a una jurisdicción particular y tanto las fortalezas como las debilidades relativas permanecen sin cambios», informó Fitch en un comunicado de prensa emitido este viernes.
Asimismo, agregó que la clasificación de los bancos «se redujeron como reflejo de la influencia elevada del entorno operativo sobre el desempeño y perspectivas de dichos bancos, así como su exposición alta a la deuda soberana de El Salvador».
En el comunicado de la clasificación soberana del país emitido el 1 de febrero, Fitch recordó el entrampamiento que sufrió la aprobación de $1,200 millones en bonos, durante el año pasado, y que llevó a que el saldo de la deuda en Letras del Tesoro Público (LETES, que no necesitan aprobación legislativa para emitirse) llegara a $1,007 millones en 2016, de un límite legal de $1,340 millones.
La agencia señaló que en enero de este año, ARENA abandonó las mesas de negociación que había instalado con el Gobierno, y que habían permitido lograr un acuerdo parcial para emitir $550 de los $1,200 millones solicitados, colocación que aún no ha se ha hecho efectiva en los mercados de deuda.
Si los partidos fallan en lograr un acuerdo más integral para las finanzas públicas, se podría “restringir aún más la flexibilidad financiera y resultar en un ajuste desordenado con significativo daño a las finanzas públicas y a la economía en general”.
Fitch pronostica además que las necesidades financieras del Estado salvadoreño ascenderán a $1,300 millones en 2017, sin incluir la deuda de corto plazo.
