La Comisión de Justicia y Derechos Humanos emitió dictamen favorable para facilitar el proceso de comprobación de parentescos entre víctimas y familiares de la masacre de El Mozote, los cuales busca incorporar a nuevos beneficiarios al registro existente y puedan reclamar, entre otras cosas, indemnizaciones y herencias reconocidas por la ley.
«Tanto tiempo ha pasado y no existió voluntad política para resolver. En estas mesas de comisiones estuvieron sentados, incluso, los mismos señalados por el cometimiento de delitos de lesa humanidad», dijo Rebeca Santos.
El proyecto de decreto pretende que las personas que no tienen documentos personales posean un respaldo legal vía notarial para poder acreditar su situación jurídica, al igual que sus familiares. La ley será transitoria y tendrá tres años a partir de que sea publicada en el Diario Oficial.
Desde el 2016 existe un registro de víctimas en donde la mayoría están individualizadas. El anteproyecto de ley tiene por finalidad regular hechos y actos jurídicos relacionados con la identidad de las personas y tiene como base una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de octubre de 2012.
