Los dos auditores de la Corte de Cuentas de la República (CCR) enfrentarán este día la audiencia inicial por haber desvanecido las irregularidades encontradas en el caso de la presa El Chaparral, bajo el gobierno de Mauricio Funes.
Dentro de las irregularidades que no pudieron ser eliminadas del informe está que la ejecución de la presa se comenzó sin tener comprados los terrenos que van a afectar el embalse y la presa no puede inundar esos terrenos porque no son propiedad de la CEL. Son propiedad de terceros y se puede dañar su patrimonio. Tampoco hay un estudio de rompimiento de presa, es decir que si ésta llegara a fallar e inunda terrenos que no son propiedad de la CEL puede no solo afectar propiedades, sino incluso vidas.
La obra tenía su precio inicial de $219 millones, sin embargo, bajo los gobiernos del FMLN, Sánchez Cerén y Funes, ascendió a $759.4 millones, por lo que el Presidente Bukele ordenó paralizar los trabajos. Los recursos del BCIE que fueron otorgados a las administraciones anteriores, finalizaron en las cuentas de Funes, su nueva esposa y amigos cercanos.
