Es urgente crear una comisión contra la impunidad de corrupción por parte de funcionarios públicos según declaraciones recientes del presidente altos dirigentes del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Mauricio Interiano, se pronunció al respecto y dijo que los funcionarios del Gobierno se llenan la boca con discursos anticorrupción, pero que en la realidad no toman acciones contra ella.
La posición de Interiano fue rápidamente respaldada por el diputado Ernesto Muyshoundt, quien expresó que la comisión contra la impunidad debe crearse lo antes posible “para apoyar el trabajo de la Fiscalía General de la República”.
ARENA respalda crear una comisión contra la impunidad https://t.co/9rEXBxwjj7 Para apoyar el trabajo de la Fiscalía General de la República.
— Ernesto Muyshondt (@emuyshondt) 15 de marzo de 2017
Juan Valiente, otro legislador de ARENA escribió en su cuenta de Twitter: CICIES ya!
CICIES ya! https://t.co/WtqOlHYuOG
— Juan Valiente (@JuanValienteSV) 15 de marzo de 2017
El tema no es nuevo, ya que la necesidad de crear la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) fue propuesta en el 2015 por el politólogo guatemalteco Phillip Chicola, ante los buenos resultados en el combate a la corrupción obtenidos en Guatemala con la CICIG.
La urgencia de combatir a los funcionarios corruptos recobró fuerzas por parte de ARENA, que ha retomado la iniciativa, a raíz de la falta de transparencia con que, según el partido tricolor, el Gobierno está manejando las finanzas públicas, cayendo cada vez más en mora eon el pago de sus obligaciones presupuestarias, como el reciente coso de la transferencia de fondos FODES a las alcaldías del país.
También ha sido reactivado a partir de la reciente visita que hizo al país la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, para participar como ponente en un seminario sobre el combate a la corrupción, así como por las expresiones de altos dirigentes del partido de Gobierno, que se oponen a que se cree un ente de esta naturaleza, argumentando que es una política de Estados Unidos para “desestabilizar el avance de gobiernos progresistas en América Latina”.
