La comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, acordó este martes por unanimidad, un dictamen favorable con disposiciones especiales para establecer un marco regulatorio que permita identificar, controlar y dar seguimiento a salvadoreños deportados catalogados como miembros o colaboradores de pandillas.
El dictamen ordena que la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, esté a cargo de realizar el control migratorio de quienes retornen y la Policía Nacional Civil (PNC), dispondrá de medidas preventivas y de seguimiento para estas personas. Por su parte, los Jueces de Paz serán los encargados, según sea el caso, de brindar medidas reeducativas o de reinserción social.
Entre las disposiciones confieren a la PNC destaca la potestad de exigir al retornado determinadas medidas: presentar a la delegación policial más próxima al domicilio de la persona retornada garantizando el control de la asistencia y firma.
Además, el retornado tendrá la obligación de informar sobre su cambio de residencia o domicilio en un determinado periodo de tiempo, así como informar en caso de salir del territorio nacional.
Las medidas serán aplicadas de seis meses a un año, con posibilidad de prorrogarse. El dictamen presentado este martes buscaría dar respuesta a la situación que podría experimentar el país en torno a las medidas adoptadas por el presidente estadounidense Donald Trump.
