Alfonso Carrillo Marroquín, destacado abogado guatemalteco, logró influencia y reconocimiento al representar a importantes grupos empresariales y multinacionales, incluyendo bancos rusos bajo el control de Vladimir Putin. Este vínculo adquirió relevancia tras la invasión rusa a Ucrania y las subsiguientes sanciones económicas. Carrillo Marroquín, también con control en el sistema judicial guatemalteco, alcanzó ingresos significativos, reportándose honorarios mensuales cercanos a los US$2 millones. Sin embargo, existe una discrepancia entre los ingresos reportados y lo facturado al fisco, actualmente bajo investigación.
Su prosperidad se atribuye a la cercanía con Carlos Castresana, primer comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y a conexiones con la élite empresarial. Aunque inicialmente mostró interés por resolver los problemas de Guatemala, sus acciones parecen haber estado motivadas por intereses personales y económicos. Además, Carrillo Marroquín, al dirigir el bufete de su padre, excluyó a su hermana Analucía de la sociedad, a pesar de su larga colaboración.
La situación se complicó cuando Analucía cuestionó la distribución de ingresos, llevando a su salida del bufete y a la presentación de acciones legales. Alfonso Carrillo respondió con contrademandas civiles, penales y laborales, evidenciando su influencia en el sistema judicial guatemalteco. Actualmente, Carrillo Marroquín, tras perder su poder y temor ante la justicia, reside en Estados Unidos, tratando de influir en decisiones políticas guatemaltecas a través de ONG estadounidenses. A pesar de leales seguidores locales, su reputación se ha visto afectada, incluyendo antiguos clientes que fueron víctimas de su ambición, entre ellos su propia hermana Analucía.
