Las alcaldías municipales y la Asamblea Legislativa se han vuelto un binomio perfecto de la clase política para convertirlas en un negocio familiar, una situación que se vio revelada esta semana durante la aprobación de las reformas de Ley de Extinción de Dominio
Casos como el de la diputada más votada por el departamento de Ahuachapán, Carolina Rodríguez, quien tiene un pie fuera del partido ARENA y su esposo, Narciso Ramírez, alcalde de San Francisco Menéndez, quien desde el 2016 renunció al partido tricolor para ponerse la camisa de GANA. El edil posee un largo historial de problemas con la justicia. En el 2002 fue acusado del tráfico ilegal de personas, en el 2010 sobrevivió a una balacera en una jaripeo donde también fue investigado por tráfico de drogas, recientemente en el 2016 fue demandado por daño ambiental. Sin embargo Ramírez buscará la reelección en la comuna en las próximas elecciones.
Otro caso es el de la familia Salgado de San Miguel, mientras Will Salgado se desempeñaba como alcalde de San Miguel, sus hermanos Numan y Sandra, llegado a convertirse en diputados de la Asamblea Legislativa, incluso esta última ocupó un cargo de directivo dentro de ese órgano del estado sin poseer ninguna experiencia política. Es posible que ella continuara en la Asamblea de no ser que en el año 2015 el Tribual Supremo Electoral decidiera anular su candidatura por ser concesionaria del Estado a través de la empresa Televisión Oriental (TVO).
Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, también se encuentra dentro de este grupo de políticos después de impulsar la diputación en el departamento de La Libertad de su yerno, Gustavo Escalante. La alcaldesa en los últimos días ha sido cuestionado por las estructuras por presionar para que voten por Escalante, el diputado con el perfil más bajo de ARENA por La Libertad, a la par de diputados como Karla Hernández, Ricardo Velásquez Parker, Rodrigo Ávila o Juan Valiente.
