El jefe de la Unidad Especializada Antinarcótico de la Fiscalía General de la República (FGR), Jorge Cortez, explicó que las agencias publicitarias América Publicidad, ANLE y Funes & Asociados, así como el despacho contable Tóchez y otras personas naturales habrían sido utilizadas para transferir de forma fraudulenta $22 millones de dólares de las cuentas de Casa Presidencial (CAPRES) a las de empresas del expresidente Elías Antonio Saca.
Tras la captura de los propietarios de estas sociedades publicitarias, la FGR procedió al allanamiento de sus instalaciones y oficinas.
Cortez asegura que durante el periodo presidencial del exmandatario, se utilizó a empresas y sociedades para generar el delito de lavado de dinero, con base a un mecanismo agrupado en tres fases que tenían como objetivo camuflajear las transacciones de dinero.
La primera de las fases fue la colocación, al utilizar a personas particulares a las cuales se les depositó fondos públicos provenientes de la partida secreta, posteriormente, en la segunda etapa, se hacía la estratificación mediante la gestión de cheques de las personas particulares para hacerlas llegar a las agencias de publicidad, y finalmente, la colocación que se hace emitiendo cheques de estas empresas creativas hacia las sociedades del grupo radial SAMIX S.A. de C.V, propiedad de Saca.
De acuerdo, a la versión fiscal desde el consorcio radiofónico el dinero público corría directamente a las cuentas bancarias del exjefe de Estado y sus allegados.
El jefe fiscal detalló cómo se movieron los $22 millones de dólares. América Publicidad transfirió $5 millones 823 mil, ANLE $1 millón 899 mil, Funes & Asociados $1 millón 954 mil. En cuanto a las personas naturales Sonia Guadalupe Morales de Reyes $5 millones 485 mil, Enma Suazo Canjura $5 millones 488, Ángel José Montoya González en conjunto de Osvaldo Octavio Orantes Marenco $1 millón 135 mil dólares.
Estas personas particulares aparecían como encargados y representantes de «proyectos» de CAPRES y en virtu de ello, la institución les depositaba las cantidades millonarias.
El jefe fiscal aclaró que estos números no son estáticos y pueden incrementarse o disminuirse porque la investigación continúa.
“Estamos dándole continuidad a una serie de diligencias de establecer y desmontar toda la estructura que en su momento se había montado para poder blanquear capitales aquí en El Salvador”, dijo Cortez a la prensa.
Saca, y los exfuncionarios de su Gobierno, el secretario de Comunicaciones Julio Rank, el secretario de Juventud y expresidente de ANDA César Funes, y el secretario privado Élmer Charlaix, así como tres empleados del Ejecutivo, guardan prisión preventiva desde enero pasado por lucrarse de $246 millones de fondos públicos.
