El diputado de ARENA, Alberto Armando Romero, se encuentra bajo el foco de atención debido a un requerimiento fiscal presentado ante la comisión especial de antejuicio de la Asamblea Legislativa. El documento ha expuesto supuestas estrategias utilizadas por el legislador para ocultar recursos sin justificación financiera. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de enriquecimiento ilícito por más de $1 millón y de lavado de dinero, señalando que empleó métodos de evasión para dificultar el rastreo del dinero.
La comisión especial completó su instalación y examinó detenidamente el requerimiento, junto con las pruebas presentadas. Según la investigación de la FGR, Romero habría recibido fondos cuya procedencia no puede justificar. Se alega que su esposa también recibió grandes sumas de dinero, sin contar con un origen legítimo o rastreable. Estas transacciones aparentemente se llevaron a cabo a través de empleados de la Asamblea Legislativa ligados a ARENA, en un intento por distanciar al diputado de las operaciones financieras.
El requerimiento sostiene que las acciones fueron premeditadas y realizadas conscientemente para evitar el rastreo financiero. Mientras el caso sigue desarrollándose, los diputados de la comisión especial han dividido el proceso de antejuicio en tres etapas: apertura y recepción de pruebas, exposición de alegatos y análisis de las pruebas presentadas.
