La abogada Tahnya Pastor señaló que sus colegas constitucionalistas, ONG e instituciones que se pronunciaron en contra de las restricciones de movilidad que ejecutó el Gobierno para contener la expansión del COVID-19, ahora callan ante las medidas impuestas por los alcaldes.
Algunos ediles han restringido el derecho a la movilidad, a pesar que la Sala de lo Constitucional emitió dictamen que solo se puede aplicar por medio de un Régimen de Excepción.
La experta en temas de leyes cuestionó que si esas voces que se pronunciaron fue en realidad por el respeto a la Constitución de la República o por contrariar las iniciativas del Gobierno.
