Randa Hasfura
Hay decisiones de Estado que no se toman en los salones académicos ni en los foros, sino en el terreno donde la violencia ha dejado de ser una estadística y se ha convertido en una forma de vida.
Durante años, buena parte del mundo occidental decidió redefinir la justicia penal. No para proteger mejor a la sociedad, sino para hacer más llevadera la experiencia del criminal. Y así la víctima dejó de ser prioridad y el victimario pasó a ocupar el lugar moral central. El debate sobre las cárceles, revela a quién se mira primero, a quién se escucha y a quién se considera digno de la mayor atención del Estado: si la compasión debe dirigirse a quien infringió el daño o a quienes lo padecieron durante años sin protección.
Los países nórdicos suelen presentarse como el modelo más avanzado de esta visión. Allí, la cárcel no se entiende como una ruptura con la vida social, sino como una prolongación regulada de ella. En Noruega, Anders Breivik, autor de 77 asesinatos, ha visto a jueces debatir con esmero su bienestar emocional y la calidad de su encierro. No, no es algo aislado: prisiones concebidas bajo el ideal de “normalidad” confirman que incluso el criminal extremo merece una cotidianidad cuidada. En Dinamarca, Peter Madsen, asesino de la periodista Kim Wall, no desapareció tras la condena: siguió existiendo, comunicándose, siendo gestionado. El sistema fue riguroso en la protección de los derechos del victimario; sobre las víctimas, en cambio, ya no hubo nada que deliberar.
Suecia no ha sido ajena a esta lógica. Políticas penitenciarias orientadas casi exclusivamente a la reinserción, incluso para criminales violentos reincidentes, han coincidido con el deterioro de la seguridad y el crecimiento de redes criminales que el propio Estado reconoce haber perdido capacidad de controlar.
La paradoja europea alcanza un punto aún más revelador cuando la incapacidad material del sistema entra en escena. Noruega, ante la falta de espacio carcelario, decidió pagar a los Países Bajos para alojar a sus reclusos en prisiones holandesas. Una práctica administrativa, aceptada sin escándalo moral. A ello se suman otros casos: Bélgica, que durante años alquiló plazas penitenciarias en Tilburg; Dinamarca, que firmó un contrato millonario para arrendar 300 celdas en Kosovo; y Suecia, que se encamina a trasladar internos a una prisión en Estonia. En Europa existe, sin mayor pudor, un mercado penitenciario que se activa cuando sobran presos o faltan celdas. Nadie habla de abusos. Nadie convoca indignaciones internacionales.
Sin embargo, cuando El Salvador decide construir un sistema penitenciario para enfrentar una amenaza criminal real y estructural, que había prácticamente colonizado la vida cotidiana, que habían capturado territorios, economías y vidas, la reacción internacional es inmediata.
El contraste es claro, los “defensores de los derechos humanos” debaten en torno a cómo debe vivir el delincuente. El Salvador decidió cambiar la pregunta fundamental: no cómo vive el criminal, sino cómo vive la sociedad, una sociedad que fue rehén durante décadas.
El resultado no es teórico, es tangible: niños que caminan sin miedo. El sistema penitenciario salvadoreño invirtió la ecuación que otros normalizaron: primero la víctima, luego la sociedad, y muy al final el criminal.
Tal vez el error de muchas democracias no sea su apego a los derechos humanos, sino su confusión sobre a quién deben servir primero. Y cuando el Estado olvida a quién debe proteger primero, la justicia se convierte, lentamente, en su cómplice involuntario.
