Hoy entra en vigor la nueva Ley Anticorrupción en El Salvador, un marco legal diseñado para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos ilícitos dentro de la función pública. Esta normativa es pieza clave en la estrategia del presidente Nayib Bukele para enfrentar la corrupción, considerada un enemigo histórico del desarrollo nacional.
La legislación fue propuesta por el Ejecutivo y aprobada el 7 de febrero con apoyo de Nuevas Ideas, PCN y PDC, mientras que ARENA y VAMOS votaron en contra. La ley establece el Sistema Integrado Nacional Anticorrupción (SINAC), un órgano coordinado por 12 instituciones estatales como la Fiscalía, Policía, Corte de Cuentas y Superintendencia del Sistema Financiero, encargadas de supervisar y sancionar el manejo indebido de recursos públicos.
El avance en esta batalla ya es visible, pues desde antes de la aprobación se han procesado y condenado figuras públicas políticas ligadas a casos emblemáticos de corrupción.
Mauricio Funes (expresidente por el FMLN) condenado a 14 años de prisión por pactos con pandillas; David Munguía Payes (exministro de Justicia y Seguridad) condenado a 18 años en el mismo caso; Miguel Menéndez Avelar “Mecafé” (empresario y exfuncionario) condenado a 8 años por lavado de dinero; y Ernesto Muyshondt (exalcalde de San Salvador por ARENA) capturado por apropiarse de $275,145.31 de retenciones laborales.
También han sido procesados José García y Gerardo Aguilar (exdiputados de Nuevas Ideas) por cohecho impropio. En el Caso SITRAMSS, Edwin Flores (exdirector de Tránsito) fue enviado a juicio por adjudicar irregularmente el proyecto a la empresa SIPAGO, mientras que Nelson Napoleón García (exviceministro de Transporte por el FMLN) tiene orden de captura. Salvador Sánchez Cerén (expresidente por el FMLN) y exfuncionarios como Carlos Cáceres, Hugo Flores, Violeta Menjívar, Erlinda Handal, Calixto Mejía, Gerson Martínez, Lina Pohl, Guillermo López y José Manuel Melgar enfrentan juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Otros procesos incluyen a Rodolfo Antonio Parker Soto (exdiputado del PDC) y su familia por enriquecimiento ilícito; Norman Quijano (diputado del PARLACEN por ARENA) condenado a 13 años y 4 meses por agrupaciones ilícitas y fraude electoral; Sigfrido Reyes (expresidente de la Asamblea Legislativa por el FMLN) en juicio por lavado de $5.4 millones; Lorena Peña (exdiputada del FMLN) y su hija, condenadas a devolver $150,762.86 al Estado; Alberto Romero (exdiputado de ARENA) condenado y obligado a reintegrar $445,000; y Eugenio Chicas Martínez (exdiputado del FMLN) condenado a devolver más de $200,000 por enriquecimiento ilícito.
Tras la orden de Bukele en 2023 de investigar a todos sus funcionarios, fueron arrestados Nercy Montano (exalcaldesa de Soyapango por Nuevas Ideas) por retención de cuotas laborales y malversación; Erick García (exdiputado de Nuevas Ideas) por falsedad ideológica; Alejandro Muyshondt (exasesor de seguridad de la Presidencia) por revelación de documentos secretos y favorecimiento de evasión; Juan Pablo Durán Escobar (expresidente de BANDESAL) por cohecho impropio y actos arbitrarios; y Cristian Herson Flores Sandoval (Comisionado Presidencial) por cohecho impropio.
Con este marco legal y el respaldo institucional del SINAC, el Gobierno pretende cerrar espacios a la corrupción y garantizar que quienes administren recursos públicos respondan ante la justicia.
