El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador aceptó un procedimiento abreviado solicitado por la Fiscalía General de la República, mediante el cual el exministro de Defensa José Atilio Benítez Parada admitió haber cometido actos arbitrarios, comercio y depósito ilegal de armas durante su gestión (2009-2013). La confesión, presentada al inicio de la vista pública, le valió una pena de tres años de prisión, excarcelable según la normativa penal salvadoreña.
Benítez reconoció que, siendo viceministro, ordenó legalizar 21 armas bajo un decreto legislativo ya vencido y luego vendió nueve de ellas a conocidos, además de donar cuatro al Ministerio de Defensa. El exfuncionario admitió haber firmado las solicitudes de matriculación “sin importar que la vigencia del decreto había finalizado”, y aceptó haber transferido el dominio de los fusiles, revólveres y carabinas en 2011.
Aunque inicialmente enfrentaba cargos de peculado y estafa, estos fueron desestimados: en el caso de peculado la Fiscalía no comprobó apropiación indebida de fondos y las víctimas de estafa declararon haber sido compensadas. Benítez, quien también fue embajador en Alemania, sigue vinculado a un proceso por presunto peculado relacionado con un contrato del Ministerio de Defensa, y en 2023 fue condenado civilmente, junto a su esposa, por enriquecimiento ilícito superior a US$121,000 e inhabilitado diez años para funciones públicas.
