¿Proceso legal o uso faccioso de la justicia? TERCERA PARTE

Por Redacción UH

La extraña valoración del juez Quinteros

A pesar de todo lo expuesto, el día 28 de febrero de 2017, el juez de instrucción, Oscar Roberto Quinteros, decidió enviar a juicio de sentencia a los presuntos memistas, un grupo de inquietosmilenials, manteniéndoles la acusación por cuatro delitos: falsedad material, violación de derechos de autor, violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas.

En ese momento ocurrió algo sumamente extraño, por decirlo de una manera suave: en el punto 2 de su resolución de apertura a juicio, el juez Quinteros dijo lo siguiente: “(en los hechos) se puede establecer la participación de Nayib Buke, Sofia Medina, José Carlos Navarro, Mayra Morán, Andrés Ortiz Lara, Oscar Domínguez, Karim Bukele”.

Digo que tal hecho es extraño porque, si bien La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy han convertido el caso del meme en una campaña contra el alcalde Bukele, los reportes periodísticos no equivalen de ninguna manera a un proceso judicial que tiene su estricta normativa, y esa normativa dicta que un juez no puede pronunciarse sobre personas que no forman parte del proceso que está conociendo.

Pero, como no soy especialista en el tema, consulté el punto con el abogado Adolfo Muñoz, y esta fue su respuesta:

“Nayib Bukele y su hermano Karim no están siendo procesados, no son parte material dentro del proceso. De hecho, ni siquiera se encuentran en la investigación de la Fiscalía General de la Republica. Por eso es un grave despropósito que el juez Quinteros los haya mencionado de esa manera en su resolución. Eso es un exceso en su competencia legal. Reitero, a un juez no le está permitido arribar a conclusiones sobre personas no sometidas a procesos bajo su conocimiento”.

Pero, bueno, cualquiera podría decir que el abogado Adolfo Muñoz opina de esta manera porque pertenece a la parte defensora en este caso. Por eso también requerí la opinión del doctor Félix Ulloa, presidente de Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES, institución independiente que se acreditó como observadora del proceso en cuestión. Esta fue su respuesta:

“El punto es que ni la fiscalía ni la querella particular de La Prensa Gráfica se han atrevido a acusar directamente a Nayib Bukele. Por eso, el juez Quinteros, contra toda ética profesional, y vulnerando su condición de juzgador imparcial, afirma que Nayib Bukele debería ser incriminado en el proceso. Este mensaje, más directo que subliminal, tanto para la Fiscalía como para la querella, dejan claro un uso faccioso de la justicia, y la intención de golpear la imagen del alcalde Bukele”.

Para dejar este asunto aún más claro, le pregunto al doctor Ulloa en qué consiste específicamente la irregularidad en lo dicho por el juez Quinteros, y me respondo:

“El juez no es un ente investigativo, esa función le corresponde a la Fiscalía, por lo tanto su apreciación subjetiva de que Bukele debería estar siendo procesado, extralimita su función. Eso amerita que la Sección de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia inicie una investigación sobre su conducta, para determinar con qué fin emitió esa opinión, y qué persigue cuando quiere forzar la incriminación del alcalde Bukele en el caso”.

 

 

El fruto envenenado

 

-El caso del meme nació viciado. Las irregularidades legales comenzaron desde el momento en que el ex Fiscal General Luis Martínez, ahora preso bajo acusación de fraude procesal, entre otros delitos graves, abrió una investigación sobre la base de hechos que no constituyen delito sencillamente porque no están descritos o tipificados en el Código Penal. Y eso, que se conoce en derecho como juicio de tipicidad, es el primer  requisito para atribuir una conducta delictiva a una o a varias personas-, me dice la abogada Bertha Deleón, parte defensora en el caso

-Pero violación de derechos de autor y derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas, son delitos descritos en la normativa penal, y son los mismos de los que se acusa a los procesados…

-Sí, y están tipificados en los artículos 226, 229, 283 y 345 del Código Penal respectivamente, pero los hechos denunciados no se ajustan a lo que esos artículos establecen… Todo delito tiene verbos rectores. El artículo 226, sobre violación de derechos de autor y de derechos conexos se refiere explícitamente a obras literarias o artísticas, pero está claro que un dominio web de un periódico no es una obra literaria o artística. Además, en este caso, los dominios de internet wwwlaprensagráfica.com y wwwelsalvador.com de El Diario de Hoy, ni siquiera están inscritos en el registro de dominios en el país. Un dominio de internet no es una obra protegida por el derecho de autor.

-¿Y el delito de violación a distintivos comerciales?

-Sobre ese punto, la Dirección de Propiedad Intelectual del Centro Nacional de Registros ha dicho claramente, en su opinión técnica, que los dominios web de esos dos periódicos no están protegidos… En cuanto a la falsedad material, para que se constituya delito tiene que ser un documento lo que se falsifique, pero evidentemente un sitio web no es un documento… Y claro, si no se configuran esos delitos tampoco puede configurarse el de agrupaciones ilícitas.

-¿Entonces no hubo ciberataque?

-Nunca, de ninguna manera. Hubo un meme, una parodia, pero los sitios web de esos periódicos jamás estuvieron fuera de línea, no sufrieron daño alguno a partir de las acciones que se les atribuyen a los procesados. El famoso ataque cibernético no existió, tanto es así que, en el proceso, en la relación circunstanciada de los hechos, ni la Fiscalía ni la querella argumentan algo semejante… ¿Sabe?, cuando un árbol tiene las raíces podridas también se pudre el tronco y las ramas, eso es lo que en derecho conocemos como la teoría del fruto envenenado. Por eso le digo que este caso nació viciado y debe ser declarado nulo.

 

Conclusión de los observadores independiente 

 

Como he dicho antes, este proceso ha sido observado y evaluado, de forma independiente, por los abogados de dos reconocidas asociaciones de la sociedad civil: el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador, IEJES, y la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Ambas instituciones han elaborado sus primeros informes al respecto.

El informe del IEJES elaborado por reconocidos penalistas del foro nacional, conduce a conclusiones que razonadas en una articulación de señalamientos jurídicamente sustentados, a propósito de las numerosas irregularidades del juicio del meme, pueden muy bien sintetizarse en una de las respuestas que el doctor Félix Ulloa me dio en la entrevista que le realice sobre el tema:

“Las irregularidades en este juicio son de fondo y de forma. Las de forma: ninguno de los delitos imputados tiene tipicidad en la legislación penal salvadoreña, por lo que el proceso ni siquiera debió haberse iniciado. De fondo: durante el proceso ocurrieron hechos que obligaban a los jueces a darlo por terminado, como fue la perdida de los elementos probatorios, las computadoras y los teléfonos celulares, por parte de la fiscalía, lo cual constituye una evidente ruptura de la cadena de custodia de las evidencias”.

El informe presentado por el IEJES concluye con unos llamados muy precisos:

“A la Fiscalía General de la República, para que instruya a sus agentes fiscales a actuar conforme a la Constitución y ser verdaderos garantes de la legalidad y velar por los intereses de la sociedad, no de una persona o grupo económico particular.

“Al Órgano Judicial, en especial a los tribunales de Segunda Instancia y a la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que estén atentos al comportamiento de los jueces que sustancian este caso –y los que han intervenido en el mismo- , sin perjuicio que con legítimo interés puedan acudir a la Sección de Investigación Judicial de la misma Corte, en caso de comprobar conductas dolosas e impropias de los jueces mencionados.

“A la ciudadanía, asociaciones y fundaciones miembros de la sociedad civil y a la comunidad internacional, a estar atentos al desarrollo de este caso”.

 

Por otra parte, el juicio del meme es el primer caso al cual la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, le aplica la metodología de la veeduría judicial que, según el informe presentado por dicha institución, tiene los siguientes objetivos: “Fomentar el respeto a la independencia del sistema judicial, el acceso a la información objetiva relacionada con los procesos penales de interés público o de interés privado que generan impacto en la opinión pública, y el cumplimiento del debido proceso desde la contraloría ciudadana”.

Luego de coincidir puntualmente con las falencias del proceso detectadas por el IEJES, y considerando el papel que los dos rotativos más importantes del país han jugado en este caso, el primer informe de la ISD, señala lo siguiente:

“Al presente caso se la ha brindado una connotación especial por parte de diferentes medios de comunicación, al punto de denominarlo como un caso de ciberataque en contra de un periódico, calificativo que no está apegado a la relación de los hechos y a los bienes jurídicos protegidos; y que al contrario le genera al caso un morbo y hasta cierto punto, un grado de amarillismo periodístico presumiblemente con la intención de manipular la opinión pública y hacer ver las conductas que se investigan como hechos más fantásticos y gravosos.

“Del análisis se puede señalar que no se está investigando y  procesando a estas personas por delitos cibernéticos o de ciberataques, como se ha señalado en esos medios. El peligro que el debido proceso corre al estar sometido a una manipulación de éste tipo, es  sumamente alto, pues puede ser tendiente a generar condiciones de presión mediática en los juzgadores y aplicadores de justicia, poniendo en tela de juicio la sana crítica y el apego a la norma jurídica procesal”.

 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy son propiedad de antiguas familias que forman parte del poder fáctico de la derecha en nuestro país, es comprensible que defiendan sus propios intereses económicos, aunque no sea ni comprensible ni muy inteligente que lo hagan a costa de su propia credibilidad en tanto medios de comunicación, ¿pero qué intereses defiende en este caso la Fiscalía y el juez Quinteros?

 

Nayib Bukele no solo es el líder político con el mayor respaldo popular en nuestro país, según todas las encuestas sin excepción alguna, sino que según los números de esas mismas encuestas es sencillamente imbatible en la competencia electoral. Y lo peor, desde la perspectiva de la derecha tradicional y de La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy, es su claro perfil presidenciable. Por tanto, si resulta imposible vencerlo democráticamente en las urnas, la única posibilidad que les queda es sacarlo de la competencia, aunque para ello sus detractores tengan que cartelizarse, montar portadas falsas y promover un uso faccioso de la justicia.

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