Uno de los análisis que hizo el juez del Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador, Godofredo Salazar, en el fallo que emitió por el caso denominado «Tregua», es que la Fiscalía General de la República (FGR) cometió omisión al no procesar a varios testigos que presentó durante la diligencia judicial, porque fueron ellos quienes cometieron ilícitos.
A juicio del aplicador de justicia, el Ministerio Público no debió haberse enfocado en los 18 imputados por el Caso Tregua, porque no hubo pruebas suficientes que respaldarán la tesis de que los procesados habían cometido tráfico de objetos prohibidos, agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.
Por ejemplo, uno de los testigos presentado por el Ministerio Público fue «Nalo», un cabecilla de la «18», que detalló algunos procedimientos que realizaban las pandillas durante la tregua entre 2012-2013.
Durante la lectura de fallo, el juez Salazar dijo que la Fiscalía no había hecho su mejor papel en este caso, porque ninguna de las hipótesis pudieron comprobar cómo ocurrió la introducción de un mil teléfonos celulares, si no hubo decomiso para verificar este señalamiento.
Otro revés que recibió la FGR fue que no hubo documentación que respaldará quién giró las órdenes de traslado de varios cabecillas del penal de máxima seguridad, en Zacatecoluca, a cárceles de mediana seguridad.
Según el juez, a pesar que señalaron el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, está decisión no fue absoluta de él, si no que tuvo que ser autorizada por un superior, en este caso el ministro de Justicia, de ese entonces, David Munguía Payés.
Al final el juez tomó la decisión de absolver a los 18 involucrados, porque la Fiscalía General de la República no pudo sostener ninguna de las hipótesis planteadas.
Esta investigación inicio en la gestión del exfiscal Luis Martínez, pero el caso no prosperó, fue hasta que el actual titular, Douglas Meléndez, desengavetó el expediente.
