FGR sigue sin pronunciarse sobre el caso FECEPE

Por Redacción UH

La Fiscalía General de la República ha pasado en silencio después de que hace un año el  Banco Central de Reserva (BCR) publicara un informe de auditoría donde se menciona que algunas empresas pagaban salarios a sus gerentes y ejecutivos de hasta $48,000 al mes, mientras que el 32% de los empleados beneficiados con el  Fideicomiso Especial para la Creación de Empleo en Sectores Productivos Estratégicos  (FECEPE) ganaban menos de los $200 al mes.

Se suponía que el fondo pasaría de $500,000 a $4.5 millones al final de su ejecución en mayo de 2009, pero ascendió a $38.7 millones, indica la auditoría del Banco Central de Reserva (BCR). Este dinero se repartiría entre 15 las empresas beneficiadas con el fondo, de estas, 10 eran de la maquila y el resto de los sectores automotriz, artesanal, entre otras.

Los funcionarios responsables de los fondos eran la exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar; el exsecretario Técnico de la Presidencia, Eduardo Zablah Touché; la exviceministra de Hacienda, Carmen de Arévalo; la exministra de Economía, Yolanda de Gavidia; y, el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, Nicola Angelucci, quienes conformaron un comité calificador para otorgar el dinero.

La FGR ha continuado sus labores investigando otros casos más recientes y soterrando los que desde administraciones pasadas se vienen investigando. Esto genera un clima de desconfianza frente a la entidad, pues el silencio frente a casos de la envergadura de FECEPE no deben pasar desapercibidos por los funcionarios competentes de llevar a cabo dichas acciones.

Meses atrás, el Órgano Legislativo señaló la necesidad que la Fiscalía tiene de repasar estos casos hasta brindar resultados importantes. De igual manera, las organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la Alianza Social para la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) han afirmado que frente a la indiferencia de las autoridades a retomar el asunto, han decidido preparar un equipo de abogados para ser querellantes en aquellos casos de corrupción que están próximos a prescribir.