La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa discutió, la tarde de este martes, acerca de las condiciones de riesgo que el país podría afrontar, en materia de seguridad, debido a las deportaciones masivas de pandilleros o delincuentes recluidos en las cárceles estadounidenses.
Por ello, los diputados acordaron convocar a los representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Migración y Extranjería, Cancillería de la República, Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR) y Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, para encontrar una solución previó a las deportaciones.
“Debemos anticiparnos, planificar y revisar si hay marco legal que modificar o reformar en tratados internacionales, en materia de convenios o legislación nacional que permita evitar que al realizarse las deportaciones queden libres en su regreso al país”, expresó el diputado del FMLN, Misael Mejía.
En respuesta a lo anterior, la comisión coincidió en la necesidad de avanzar en marcos legales como la Ley de Registro de Agrupaciones Ilícitas y Organizaciones Terroristas y sus Colaboradores, y la Ley de Registro Nacional de Delincuentes, las cuales vendrían a proveer herramientas para el mismo esfuerzo.
