ARENA no dará votos a préstamo de $30 millones para camino rurales

Por Redacción UH

La diputada por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Carmen Elena Calderón Sol de Escalón, arremetió contra la estrategia utilizada por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de llevar a un representante de la Embajada de España para presionar a que se ratifique el préstamos de 30 millones de dólares para caminos rurales.

Las críticas de la legisladora tricolor son, prácticamente, una negativa a los votos para la ratificación del financiamiento internacional ofrecido por el Gobierno de España, que incluye una donación de más de cinco millones de dólares.

Ayer, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió al coordinador general de la Agencia Española Internacional para el Desarrollo (AECID), Ignacio Nicolau Ibarra, quien enfatizó en la necesidad de ratificar el financiamiento para ejecutar el proyecto de Caminos Rurales Progresivos, con el cual se espera beneficiar a 22 municipios del país.

El funcionario español explicó que si no se logran los votos para ratificar el préstamo, también se perderá una donación de 5.3 millones de dólares, por parte del gobierno español.

Ante ello, la diputada Calderón Sol de Escalón, dijo que “la Comisión  de Hacienda nos quisieron sorprender, llevando a miembros del FMLN con el representante de la Embajada de España a presionar por más deuda”.

La legisladora tricolor expresó estar de acuerdo con que se deben hacer caminos y calles como la del Coco, en Chalchuapa, pero que por responsabilidad, el Gobierno primero tiene que cumplir con el acuerdo fiscal que firmaron en Noviembre y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Si creen que haciendo presión, logran votos, están equivocados. Primero cumplan con el acuerdo fiscal, compren medicinas, paguen en las escuelas”, escribió en su cuenta de twitter, como respuesta de ARENA a que no dará sus votos para dicho préstamo.

En declaraciones a medios de prensa, la legisladora arenera dijo que no está obligada a violar la Ley de Responsabilidad Fiscal y el acuerdo fiscal suscrito con el Ejecutivo.

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