Según la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador, la minera multinacional debe acatar el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y pagar un total de $8 millones de indemnización al Estado de El Salvador.
La mesa ambientalista también exhortó al fiscal general, Douglas Meléndez a que “cumpla con su mandato legal, en cuanto a velar por los intereses del Estado, e inicie un proceso para la recuperación de los 8 millones de dólares, dinero que le hace falta al país para atender los derechos de la población afectada”.
La empresa Pacific Rim comenzó sus operaciones en El Salvador en el 2002 cuando el Gobierno salvadoreño aprobó permisos de explotación de tierra para uso minero.
Sin embargo, en 2009, durante el último año del mandato de Elías Antonio Saca, el Gobierno se negó a conceder esos permisos, por lo que la empresa minera interpuso su demanda al Ciadi, órgano dependiente del Banco Mundial. La cual perdió y se vio obligada a realizar un pago 8 millones de dólares que hasta la fecha no se ha efectuado.
